El gobierno había anunciado tres
cosas netamente importantes en materia laboral, la nueva Ley Orgánica del
Trabajo, el Fondo de Ahorro Nacional de los Trabajadores y el pago de las
prestaciones sociales, que había que hacer como producto de la llegada de la nueva
ley para que todo comenzara como borrón y cuenta nueva. Bajo tales
circunstancias y llegado el afamado primero de mayo, el gobierno solo pudo
decretar la ley, mientras que posponía la creación del Fondo y le decía adiós al pago de las prestaciones
sociales de la administración pública, es decir, la revolución cumplió con una
sola cosa de las tres prometidas. De este modo, en el artículo 143 de la nueva LOT se
establece, que lo que se había anunciado como Fondo de Ahorro Nacional de los
Trabajadores pasó finalmente a llamarse
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales, el cual es opcional para el trabajador y no obligatorio
como había anunciado el gobierno, aquí la propaganda de que el gobierno con
este fondo lo que quería era meterle la mano a las prestaciones de los
trabajadores -cosa no muy alejada de la realidad-, tuvo sus efectos y la
revolución como el cangrejo no tuvo otra que echar para atrás a esta idea que
sería de obligatorio cumplimiento. Con esto el mismo artículo antes citado,
sostiene que ahora los trabajadores decidirán donde colocar sus prestaciones:
en un fideicomiso individual o en la contabilidad de la empresa, como así lo
sostenía la ley anterior, o ahora con el
fulano Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales que se creará mediante ley especial donde se especificará el origen de
sus recursos, así como su funcionamiento
y supervisión, es decir, estamos
hablando de un Fondo que aún no ha
nacido.
Una de la razones principales es
que la medida era anticonstitucional, puesto que el artículo 92 de nuestra
Constitución establece el pago de prestaciones sociales de “exigibilidad
inmediata”, no representando estos bonos precisamente tal condición, al no
tener esta alternativa el gobierno vio la posibilidad de pagar el asunto cash,
pero ante los niveles de inflación que esto le produciría -razón por la cual
había optado por los bonos-, a pocos meses de la elección presidencial, no era
muy conveniente que digamos, de tal manera que el gobierno ante la encrucijada
vivida resolvió el asunto con la disposición transitoria antes señalada,
entendiéndose ahora que si mañana votan a un trabajador que este allí desde el
año 1997, sus cálculos de prestaciones se harán desde esa fecha hasta el 2012
no con el viejo régimen, sino con el nuevo, es decir, la ley tiene entonces un
carácter retroactivo que la hace
inconstitucional ya que el artículo 24 de nuestra Carta Magna sostiene que
“ninguna disposición legislativa tendrá efecto retroactivo, excepto cuando
imponga menor pena. Las leyes de procedimiento se aplicarán desde el momento
mismo de entrar en vigencia”, algo que queda ratificado en el ordinal 2do de la
disposición transitoria quinta de la Constitución cuando establece: “La eliminación de excepciones al
principio de no retroactividad de la ley”, menos mal que el gobierno no se le ocurrió
hacer la retroactividad de la ley desde 1936, año en que se promulgó nuestra
primera ley del trabajo.
Lo otro que preocupa es que la
disposición sostiene: “El tiempo de servicio para el cálculo de las
prestaciones sociales de los trabajadores
activos y trabajadoras
activas al momento de la
entrada en vigencia
de esta Ley,
será el transcurrido
a partir del 19
de junio de
1997”, bien y ¿qué pasa con los
que están trabajando antes de esa fecha, no tienen derecho a prestaciones
sociales?. Con todo esto, quienes pagaron los platos rotos fueron los
trabajadores de la administración pública a quienes se les había anunciado con
bombos y platillos por todos los medios de comunicación social existentes el
pago de sus cobres, de hecho hasta un anuncio presidencial se había hecho en
este sentido, razón por la cual muchos de ellos ya estaban haciendo planes con
la platica que venía (compra de casa o carro o pago de deudas), pero que va,
quedaron como novia e` pueblo: vestidos
y alborotados, ahora tienen que esperar que el gobierno los vote “pa podé”
cobrar sus reales.
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