Ahora bien, quienes piensen aquí y que lo conozcan muy bien como este servidor, saben perfectamente que es imposible que José “angelito de Jesús” Ferreira no tenga nada ver con este hecho, puesto que en esa facultad no se movía nada sin la autorización de quien es actual Vicerrector Administrativo de UC, es como pensar que Rafael Ramírez no tenga nada que ver con el caso Pudreval, o como si se pensará que aquel joven economista que intentó cobrar un falso bono por US$ 24 millones en el BCV hubiese actuado solo, para aquellos que así piensen, cuidado les sale Herodes. A nuestro juicio, ese aval de esos casi 90 millones de los bolívares anteriores que sin licitación hizo Henríquez por lo menos tuvo que contar con la aprobación “verbal” de Ferreira, suerte de un “sale y vale” que no queda escrito en ninguna parte para que a la hora de la chiquita sea exculpado en el reino de los cielos como sucedió, pero de todos modos igual no se salvó, porque con fecha de 26 de octubre de este año y con número extraordinario Nº 6.047 la Contraloría General de la República lo inhabilitó para el ejercicio de funciones públicas por un periodo de 5 años, veamos por qué?
Según unas declaraciones dadas en rueda de prensa del pasado sábado 26 de octubre, Ferreira calificó la acción de la Contraloría General de la República como un mensaje del Estado venezolano a las universidades y su capacidad de autonomía: "donde les dice tengan cuidado que soy Estado poderoso y puedo hacer lo que me dé la gana", algo como eso era precisamente lo que hacia como decano de la facultad: “tengan cuidado que soy un decano poderoso y puedo hacer lo que me dé la gana”, y sobre su actual cargo como Vicerrector fue enfático en decir que no lo abandonaría simplemente porque: “no le daba la gana”. Del mismo modo, el conocido como el popular “gordo”, explicó que la sanción se produce como consecuencia de un caso ocurrido hace seis años de la jubilación de una docente, cuyos efectos ya habían sido ya revertidos y la profesora en cuestión se encuentra dando clases, veamos que tan cierto es esto.
Según la CGR fue Carmen Aquino Rodríguez, Directora de Auditoría Interna de la UC quien imputó a Ferreira por no haber preservado y salvaguardado los derechos patrimoniales de la Universidad de Carabobo, toda vez que permitió la inasistencia injustificada de la profesora Elizabeth Cano de Molina durante los años 2003 y 2007 quien simuló haber obtenido el beneficio de jubilación como personal docente adscrita a la FACES, algo por lo cual Ferreira es total cómplice de este asunto por ser la máxima autoridad dentro de la facultad, y fue algo que siempre declaró improcedente la Comisión Delegada de la UC. Más adelante la propia Gaceta sostiene que el daño patrimonial a la UC ocasionado por Cano de Molina asciende a casi 130 millones de los viejos bolívares por conceptos de pagos indebidos relativos a sueldos, primas, bonos, aguinaldos y retroactivos cobrados por la susodicha hasta el 19 de julio de 2007, fecha en la que presuntamente se incorporó a sus labores docentes. Aquí según las declaraciones ofrecidas por el actual Vicerrector, éste dio a entender que Elizabeth Cano de Molina ya ha pagado el daño de los Bs.F. 130.000 que ocasionó a la UC por una forzosa jubilación, y sobre el hecho de que en la actualidad estuviera dando clases como dice Ferreira, estaría la profesora entonces violando una inhabilitación para el cargo de funciones públicas impuestas por la CGR la cual comenzó el 12 de abril de este año hasta el 12 de abril de 2016.
El otro asunto de la inhabilitación del “gordo”, tiene que ver por su participación por votar en Consejo Universitario de hace 11 años para la compra de tres vehículos usados marca Taurus por un monto de 41,2 millones de los viejos bolívares para las autoridades universitarias directamente a la ensambladora sin licitación alguna, sobre este punto Ferreira dijo en su declaración del sábado 26, que “desconocía” que la Contraloría Universitaria no aceptará la compra de carros usados, cuando el asunto no se trataba de negligencia pura y salvaje, sino que los mismos no pasaron por licitación, algo en la cual el gordo como que es todo un experto. Ferreira en su defensa también le extrañó mucho el hecho de que lo tuvieran acusando de acciones que había sucedido hace 11 años, cuando el mismo sabe que este tipo de delitos nunca prescriben. Pero lo que nos llama más poderosamente la atención es el hecho de que por esta acción la Contraloría General de la República ya había declarado mediante Resolución de fecha 18 de abril de 2006 sanción administrativa a Ferreira con la suspensión, sin goce de sueldo del ejercicio de cualquier cargo público que pudiera estar desempeñando por un periodo de 6 meses, algo que todo el mundo sabe que el gordo no acató, por lo que al llegar el caso de la jubilación simulada de Cano de Molina y por ser esto una reincidencia, fue lo que llevó a la CGR a la suspensión por 5 años, cuya fecha de ejecución está por establecerse.
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