Estamos a menos de semana y media en que entre en vigencia la nueva ley de Costos y Precios Justos y se desconoce por completo las normas para el Registro Nacional al que tienen que suscribirse los productores, así como el propio reglamento de funcionamiento de la Superintendencia encargada de la ejecución de la Ley que no tiene ni sede, ni empleados

          Como todos sabemos la nueva Ley de Costos  y Precios Injustos decretada vía habilitante entraría en vigencia 90 días hábiles después de su publicación en gaceta oficial, algo que ocurrió  el pasado 18 de julio, por lo que a más tardar para el 22 de noviembre de este año debe comenzar su aplicación, pero allí en este periodo solo se nombró el pasado 11 de septiembre  como Superintendente de la ley a una tal Karlin Granadillo Ramírez, quien últimamente ha brillado completamente por su ausencia. De esta forma esta es la fecha, es decir, a menos de una semana y media que entre en vigencia la ley, en que se desconocen  las normas  mediante las cuales se establezca el régimen  del Registro Nacional  de Precios de Bienes y Servicio los cuales tiene  que hacer Raymundo y todo el mundo, de la misma manera en que el reglamento interno de la Superintendencia Nacional  de Costos y Precios tampoco existe, a pocos días de entrar en vigencia esta nueva Ley.

Por otra parte ésta recién creada Superintendencia que no tiene sede ni empleados, ni estructura organizativa, tampoco ha establecido la “categorización” de los bienes y servicios sujetos a la ley, es decir, que aún no ha establecido los distintos regímenes para los bienes que se produzcan en el país o el de los servicios que se utilicen. Del mismo modo, aún no se ha hecho referencia para el cumplimiento del ordinal 1 del artículo 17 de la ley, el cual está referido a la manera de cómo los productores de bienes y servicios deben llevar a la Superintendencia sus costos directos, indirectos, gastos generales, de administración, de distribución y venta, así como de los riegos asumidos, y por si fuera poco, hasta la fecha también se desconoce la fórmula cuántica que aplicará la Superintendencia para establecer según los costos estudiados  los precios “justos”, por lo que todo parece indicar que  la fijación de precios máximos de venta al público de bienes y servicios o rangos de precios a establecer, no estarán para los dos últimos meses del año.

Ahora  bien, todo este desorden traerá como consecuencia a no ser que se establezca para la semana que viene una prórroga para la entrada en vigencia de la ley por parte del propio presidente de la República, un abuso por parte de los órganos del Estado que tienen que ver con ella  como Indepabis, Cadivi, Seniat, BCV, Ministerio Público, así como también la Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana, puesto que la ley entrando en vigencia a partir del 22 de noviembre le da potestad a estos órganos para que de manera represiva realicen, inspección, fiscalización, decomiso,  suspensión de licencias,  cierre o ocupación temporal de los establecimientos y hasta de la expropiación, simplemente porque entra en vigencia la ley, es decir, reinará pues el chantaje y la matraca.