La empresa Arnold & Porter que es la que asesora de la nación en los arbitraje internacionales pendientes, fue la misma que estuvo involucrada en las negociaciones fraudulentas de deuda externa durante la cuarta Republica, así que no hay que aspirar mucho

Arnold & Porter LLP es una firma de nueve oficinas internacionales de abogados con sede en Washington, DC,  fue fundada en 1946 por profesores  de la Escuela de Derecho de Yale, personajes que ocuparon los más alto cargos en los tribunales de Estados Unidos. La primera vez que tuvimos noticias de esta empresa, se trató de que la misma estuvo como asesora en todas las renegociaciones de deudas externas que hizo la República desde 1986 hasta 1990, convenios que se firmaron en contra de los intereses de la nación como muy bien lo demostramos en nuestro libro de pronta publicación: “La Piedra de Sísifo” (La Maldición de la Deuda Pública en Venezuela 1974-2038).

Desde entonces a pesar de la llegada de los rojos rojitos al poder, el afamado escritorio jurídico norteamericano ha estado también envuelto asesorando a la Revolución. Así la cosas,  participó en la revisión de  contratos  del Ministerio de Finanzas en materia de operaciones de crédito público externo para el año 2002, según consta en la Memoria de ese año de ese despacho, así como también estuvo involucrado en la emisión de los bonos 2010 de agosto 2003,  que le sirvió al inefable  ex-ministro de Finanzas más rayado que una cebra  Tobías Nóbrega, para hacer la fraudulenta recompra de los Bonos Conversión  y Flirb en ese año,  y por si fuera poco, fue la misma empresa que sirvió como validadora  de la República en abril de 2005 de la emisión del bono 2025, y no suficiente con lo anterior, dicen las malas lenguas que también recomendó a Pudrevsa aprovecharse de  las ineficiencias en los mercados de cambio en los cuales invierte para generar ganancias derivadas de arbitraje cambiario, o lo que es lo mismo decir, comprar dólares baratos para venderlos más caros.

En julio de 2009 la Asamblea Nacional, aprobaría un crédito adicional por US$ 53.750.000  para la Procuraduría General de la República, con el objeto de cancelar honorarios profesionales y deudas pendientes de años anteriores, a los escritorios jurídico internacionales por el ejercicio de la representación de la República en los procesos judiciales que cursan en jurisdicciones extranjeras, así como por costos procesales, asesorías jurídicas internacionales y otros procesos para el ejercicio fiscal 2009, donde Arnold & Harry Porter se llevaron la máxima tajada.  Del mismo modo, la empresa ha estado también involucrada en el sonado caso Bandagro, tratando de echar para atrás la decisión de la ex-procuradora general de la nación Marisol Plaza, cuando ésta dio el visto bueno a las falsas notas. En la actualidad  dicha empresa es la misma que asesora a la República en los diferentes casos de la cual ha sido acusada ante el CIADI, es decir, la misma empresa que con su asesoría estafó a la nación en la década de los años 80 en las  fraudulentas negociaciones  de deuda externa, es la misma que intenta sacarle hoy en día las patas del barro a la nación en los diversos juicios internacionales a los cuales está sometida, así que no esperen  que esta empresa le gane una a la “sagrada patria”.