Como recordaremos fue público y notorio que en diciembre del pasado año 23 jueces de la Corte Sexta Federal de Apelaciones del Estado de Ohio, ordenó a la República de Venezuela el pago de un total de US$ 8.000 millones! a la firma Skye Ventures, que en el pasado había adquirido una serie de papeles de los bonos Bandagro que fueron respaldados en su oportunidad por Marisol Plaza, ex-procuradora general de la República, más perdida hoy por cierto que el hijo de Limberg. Tenemos entendido que el gobierno venezolano apeló la sentencia, pero la información que tenemos desde Miami, es que este mismo tribunal prepara sentencia definitiva que le dará alta vialidad al cobro de las falsas notas promisorias de Bandagro. Según esta Corte de Apelaciones, Venezuela debería honrar los papeles, o enfrentar embargos masivos de sus propiedades como estaciones de servicio y refinerías de Citgo, papeles que son falsos de toda falsedad, como muchas veces lo hemos sostenido. Sobre este caso Bandagro existe un minucioso y extenso informe de Henry Daniels W, investigador privado de H & D Company Financial Division & Integral Investigation, del Estado de Florida en Estados Unidos, que narra muchos pormenores de este asonado caso. En dicho informe los investigadores sostienen científicamente que entre 1981 y 1986 se emitieron alrededor de US$ 2.500 millones representadas en 146 notas promisorias ICC 290-332 Caroní-BDA, cuya experticias grafotécnicas han demostrado que las mismas fueron firmadas para proceder a su pago por funcionarios “no autorizados” para la emisión de estos títulos, las cuales al parecer fueron autentificadas por los ex ministros de Hacienda de la Cuarta República Manuel Aspúrua Arreaza, Héctor Hurtado, Eglee Iturbe, y Roberto Pocaterra, de la misma forma como lo hicieron algunos ex ministros de Finanzas de la Quinta entre los que se nombra a José Rojas, el sabio que inventó lo de las reservas internacionales “excedentarias” y al más rayado que una cebra, Tobías Nóbrega, quienes supuestamente también dieron el visto bueno a las mismas, al igual como lo hizo la ex-procuradora de la nación, Marisol Plaza. El informe, que por todos los medios han intentando de hacerle llegar al presidente Chávez, también hace alusión a hechos, fechas, orígenes, paseo de las notas por USA, Canadá y Europa, fases finales del asunto, así como la acusación de personeros políticos de nueva y vieja guardia, algunos de ellos ahora incluso con aspiraciones presidenciales, incluyendo del mismo modo a empresarios venezolanos involucrados en el intento del cobro de las notas que ya van para medio siglo, por lo que a través de este medio exhortan a la Fiscalía y la Contraloría General de la República para que se avoquen al caso.
También recordemos que a nivel internacional, sobre este caso a finales de 2007, el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias de Inversiones (CIADI), organismo adscrito al Banco Mundial, declaro extinta la demanda que en febrero del año 2005 interpuso I&I Beheer B.V, sociedad mercantil del Reino de los países bajos contra el Estado por el cobro de US$ 324 millones, comprendidas en 2 notas promisorias reclamadas de Bandagro. Mientras que a lo interno del país, a mediados de 2008, por vez primera un Tribunal de la República dictaminaba sentencia condenatoria por el caso Bandagro a un ciudadano de nombre Guillermo Klapka Anato, quien fuera detenido al intentar el cobro de US$ 100 millones de dólares presentando seis falsas notas promisorias, cuya emisión le pretendía atribuir al extinto Bandagro. En este sentido, la Sala Cuatro de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, acogiendo los alegatos expuestos por la Procuraduría General de la República en representación de la víctima, en este caso la Nación, le mandó a poner “los ganchos” a Klapka Anato acusado por los delitos de estafa agravada en grado de tentativa y uso de documento privado falso, en lo que se ha conocido al igual como ocurrió en Recadi como “el chino” de Bandagro, no existiendo más nadie “convicto y confeso” hasta ahora en este asonado caso. A pesar de esta decisión, queremos dejar claro que en la actualidad no existe por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) una decisión firme en cuanto a la anulación de todas las otras notas que se han intentando cobrar, o las que se pudieran intentar su cobro una vez que Chávez salga del poder, lo que demuestra que la novela de Bandagro aún no ha llegado a su final y eso que el Estado ya ha gastado unos $ 40 millones en abogados y bufetes para defender su causa, sin total éxito.
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