(Especial) El Consejo Patriótico
Socialista de Trabajadores Tribunalicios del Estado Anzoátegui, se encuentra en
pie de lucha con lo que no dudan en denominar, un ataque frontal a las mafias
enquistadas dentro del poder judicial anzoatiguense, o como ellos lo etiquetan:
las quintas columnas o chavistas disfrazados. El asunto se trata de que los
trabajadores están denunciando a la Dra.
Mirna Mas y Rubi -cuyo apellido por cierto está ligado al sector oposicionista de
la región-, Jueza Rectora del Estado Anzoátegui, quien prohibió de manera arbitraria a los
funcionarios adscritos a los Tribunales Civiles de Primera Instancia, a los de
Tribunales Municipales, a los de Tribunales Ejecutores de Medidas y al personal
de la LOPNA, que se inscribieran en dicha
organización. Los denunciantes alegan que Mas y Rubi en un
claro abuso de autoridad y de poder al mejor estilo estalinista prohibió la asistencia voluntaria a los actos
de cierre de campaña electoral durante el mes de diciembre, dejando mucho que
pensar de su actitud revolucionaria y defensora del proceso, amenazando incluso
a aquellos que asistieran desconociendo su orden expresa. Igualmente como reina
de todas las abejas, impidió la asistencia a funcionarios que laboran en la
jurisdicción civil, a los actos comunitarios con motivo de la I y II Jornada
Socialista Humanitaria dirigida a las comunidades adyacentes al Palacio de
Justicia.
De la misma forma, nos informan que el
Consejo Patriótico Socialista también están solicitando que se aperture una
investigación contra la Jueza Rectora, por causas que derivan en denegación de
justicia y retardo procesal, incurriendo en serias violaciones de derecho, como
falta de despacho por largos periodos sin causas justificadas, acumulación de
expedientes por sentenciar, violando con esto lapsos legales y
constitucionales, record de causas inadmisibles, sin contar que transcurren
lapsos increíbles de más de un año para fijar audiencias orales en las acciones
de amparo constitucional, que por ley no debería exceder de 96 horas, luego de
su fase de admisibilidad. Asimismo, el
Consejo solicita se investigue la Cooperativa LOMPIS R.L., donde aparecen como
cooperativistas la madre, el yerno y la
hija de la Dra. Mas y Rubi, y su presunta vinculación con los contratistas
Hermanos Contreras, conocidos empresarios del ramo de la construcción, que han
sido involucrados en diferentes denuncias,
demandas civiles y penales, todo una mafia dura, pues!
Otro dato curioso para esta
investigación, es que la hija de la Dra. Mas y Rubi, dueña y señora del Estado Anzoátegui,
habita un inmueble desde el año 2011, propiedad de los Hermanos Contreras, sin
ningún tipo de contrato de arrendamiento ni documento que la acredite como propietaria.
La dirección de este inmueble es en la Avenida Américo Vespucio, residencias Toscana,
piso 1, Lecherías. Los trabajadores alegan que la Jueza Rectora es la que pide
directamente los contratos para esta cooperativa utilizando su investidura. En
este mismo escenario el Consejo Patriótico indican que están solicitando la
intervención del Partido Comunista de Venezuela y de los Tupamaros, partidos
defensores de los derechos de los trabajadores ante el abuso de poder de Mas y
Rubi, de hecho también se denuncia que la dueña del Estado Anzoátegui esta
guapa y apoyada por la magistrada Gladys Gutiérrez del Tribunal Supremo de Justicia.
Aquí la parte que no se entiende es cómo esta ciudadana, del circulo cercano
del ex magistrado Aponte Aponte, con tantas denuncias en su contra, se mantenga
en un puesto tan estratégico como el de Jueza Rectora del Estado Anzoátegui, el
cual utiliza para atropellar, intimidar
y vejar a los trabajadores, y solamente el miércoles pasado se había
celebrado el día del trabajador.
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