Cuando salió la Gaceta Oficial Nº 39.178 del 14 de mayo del año 2009, que intervenía como Volkswagen con las puertas abiertas el Banco Industrial de Venezuela (BIV), nos quejábamos en esa oportunidad porque en dicha Gaceta -como sí sucedería luego en todos los bancos privados intervenidos- no se exponía las causales de intervención del mismo, argumentando solo que su situación era critica desde el punto de vista financiero y patrimonial, es decir, la cosa era todo un “top secret”. Luego nos molestamos porque nunca se decía quienes fueron los responsables de llevar ese Banco de la República a la quiebra, solo sabiéndose de manera pública y notoria que Luís Quiaro, ex-presidente del Industrial era acusado de tal cosa, razón por la cual fue detenido en el Estado Bolívar por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) cinco días después que se había publicado la Gaceta de intervención, requerido de hecho por la presunta comisión de delitos previstos y sancionados en la Ley Contra la Corrupción, luego vendría todo el enredo aquel de la serie de cambios de la Junta Interventora del BIV.
En este contexto, la Superintendencia de Bancos había nombrado a Jenny Figueredo Frías, viceministro de Regulación y Control de Finanzas, y a María Julia Tur y Mirna Molina de Brown, como miembros de la Junta Interventora, pero la cosa se puso lo suficientemente turbia como para que la Sudeban nombrará como nuevo presidente de esa Junta Interventora del Industrial, en la Gaceta Oficial Nº 32.255 del 2 de septiembre de ese mismo año, a Rodolfo Porro Aletti, Director General de Consultoría Jurídica de Finanzas en sustitución de Figueredo Frías, quien no podríamos decir que fue despedida del cargo que ocupaba, porque siguió siendo presidente de la Junta Interventora del Banco de Inversión Industrial de Venezuela C.A. (FIVCA), brazo financiero del BIV, a quien también le habían dado coleto a finales de mayo 2009, no obstante a ello, la que lleva el segundo apellido del presidente de la República, renunciaría luego a este cargo, al igual que sus compatriotas la Tur y la Brown, siendo sustituidas por hombres, donde de nuevo iba Porro “utiliti” Aletti, como nuevo presidente de la junta interventora también del FIVCA, así como Alex Fuentes Navarro y Conrado Jiménez Serrano, quieres respectivamente ocuparon los puestos dejados por las mujeres, tal como esta plasmado en la Gaceta Oficial de la Sudeban del 26 de octubre Nº 39.292. Pero los cambios no cesaron, el 23 de febrero del pasado año una nueva Gaceta Oficial Nº 39.372, dictaminada por la Sudeban, sustituía a parte de la junta interventora del Banco de Inversión Industrial de Venezuela, siendo los suertudos Julio Carreño Escobar y Augusto Celis, nombrados en sustitución de Fuentes Navarro y Jiménez Serrano por renuncia de estos dos últimos quien recibían mucha presión por parte del poder oscuro del Banco, de hecho era la misma Gaceta que intervenía también a Inversora Banco Industrial de Venezuela, C.A. (INBIVEN).
De esta manera iban y venían gacetas, y juntas interventoras, y no se decía nada sobre los culpables de la quiebra del BIV, Quiaro hasta entonces el chivo grande del asunto y único detenido con amenaza de embargo de sus bienes, tuvo que mover sus tentáculos en el poder de los involucrados del BIV y salió de la prisión como perro por su casa, sin que le tocaran un solo bien, puesto que de no haber sido así, aflojaría la boca, algo que produciría todo un escándalo sin precedentes que salpicaría a altos funcionarios del gobierno. Ahora bien, quien vino a traernos a los culpables del asunto, es decir a traernos los “chinitos de Recadi” del Industrial es el Contralor General de la República en su Informe de Gestión 2010. Allí en el Apéndice de tal información, Clodosvaldo nos dice que Humberto José Herrera, Vicepresidente y Coordinador del Área de Créditos; Javier Betancourt Tinedo, Gerente del Departamento Agroindustrial y Agricultura; María Josefa Pereira de De Sousa, Vicepresidente de la División de Desarrollo y Martín Pitre Díaz, Vicepresidente de la División Comercial, fueron acusados de negligencia en la preservación y salvaguarda de los bienes del patrimonio público, que causaron perjuicio material al patrimonio del Banco, así como negligencia en la preservación y salvaguarda de los bienes del BIV, según lo señalado en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la Republica (LOCGR), de la misma manera en que también fueron reseñados por haber aceptado insuficientemente garantías en las operaciones realizadas a nombre del Industrial, todo por lo medio lo cual Clodosvaldo los inhabilita para el ejercicio de funciones públicas por 10 años. ¿Y Luís Quiaro, Contralor?... por allá fumea.
En este contexto, la Superintendencia de Bancos había nombrado a Jenny Figueredo Frías, viceministro de Regulación y Control de Finanzas, y a María Julia Tur y Mirna Molina de Brown, como miembros de la Junta Interventora, pero la cosa se puso lo suficientemente turbia como para que la Sudeban nombrará como nuevo presidente de esa Junta Interventora del Industrial, en la Gaceta Oficial Nº 32.255 del 2 de septiembre de ese mismo año, a Rodolfo Porro Aletti, Director General de Consultoría Jurídica de Finanzas en sustitución de Figueredo Frías, quien no podríamos decir que fue despedida del cargo que ocupaba, porque siguió siendo presidente de la Junta Interventora del Banco de Inversión Industrial de Venezuela C.A. (FIVCA), brazo financiero del BIV, a quien también le habían dado coleto a finales de mayo 2009, no obstante a ello, la que lleva el segundo apellido del presidente de la República, renunciaría luego a este cargo, al igual que sus compatriotas la Tur y la Brown, siendo sustituidas por hombres, donde de nuevo iba Porro “utiliti” Aletti, como nuevo presidente de la junta interventora también del FIVCA, así como Alex Fuentes Navarro y Conrado Jiménez Serrano, quieres respectivamente ocuparon los puestos dejados por las mujeres, tal como esta plasmado en la Gaceta Oficial de la Sudeban del 26 de octubre Nº 39.292. Pero los cambios no cesaron, el 23 de febrero del pasado año una nueva Gaceta Oficial Nº 39.372, dictaminada por la Sudeban, sustituía a parte de la junta interventora del Banco de Inversión Industrial de Venezuela, siendo los suertudos Julio Carreño Escobar y Augusto Celis, nombrados en sustitución de Fuentes Navarro y Jiménez Serrano por renuncia de estos dos últimos quien recibían mucha presión por parte del poder oscuro del Banco, de hecho era la misma Gaceta que intervenía también a Inversora Banco Industrial de Venezuela, C.A. (INBIVEN).
De esta manera iban y venían gacetas, y juntas interventoras, y no se decía nada sobre los culpables de la quiebra del BIV, Quiaro hasta entonces el chivo grande del asunto y único detenido con amenaza de embargo de sus bienes, tuvo que mover sus tentáculos en el poder de los involucrados del BIV y salió de la prisión como perro por su casa, sin que le tocaran un solo bien, puesto que de no haber sido así, aflojaría la boca, algo que produciría todo un escándalo sin precedentes que salpicaría a altos funcionarios del gobierno. Ahora bien, quien vino a traernos a los culpables del asunto, es decir a traernos los “chinitos de Recadi” del Industrial es el Contralor General de la República en su Informe de Gestión 2010. Allí en el Apéndice de tal información, Clodosvaldo nos dice que Humberto José Herrera, Vicepresidente y Coordinador del Área de Créditos; Javier Betancourt Tinedo, Gerente del Departamento Agroindustrial y Agricultura; María Josefa Pereira de De Sousa, Vicepresidente de la División de Desarrollo y Martín Pitre Díaz, Vicepresidente de la División Comercial, fueron acusados de negligencia en la preservación y salvaguarda de los bienes del patrimonio público, que causaron perjuicio material al patrimonio del Banco, así como negligencia en la preservación y salvaguarda de los bienes del BIV, según lo señalado en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la Republica (LOCGR), de la misma manera en que también fueron reseñados por haber aceptado insuficientemente garantías en las operaciones realizadas a nombre del Industrial, todo por lo medio lo cual Clodosvaldo los inhabilita para el ejercicio de funciones públicas por 10 años. ¿Y Luís Quiaro, Contralor?... por allá fumea.
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