viernes, 6 de julio de 2012

Rectora de la UC está ocultando desde hace tiempo al Consejo Universitario la destitución del actual Vicerrector Administrativo

            A final del pasado año fue publico y notorio que a través de la gaceta oficial extraordinario Nº 6.047 de fecha 26 de octubre de 2011, la Contraloría General de la República  (CGR) inhabilitara por 5 años de toda función publica a José Ángel Ferreira, quien por 9 años consecutivos fue Decano de la Facultad de Ciencias Económica y Sociales (FACES)  de la Universidad de Carabobo (UC) y quien en la actualidad se desempeña en el cargo de Vice-rector administrativo de esa misma casa de estudio, elegido por el claustro universitario. En dicha ocasión la CGR inhabilitó a Ferreira  por no haber preservado y salvaguardado los derechos patrimoniales de la UC, toda vez que permitió la inasistencia injustificada  de la profesora Elizabeth Cano de Molina  durante los años 2003 y 2007 quien simuló haber obtenido el beneficio de jubilación como personal docente adscrita a la FACES, algo que siempre se declaró improcedente la Comisión Delegada de la Universidad de Carabobo  y que ocasionó a dicha universidad daños patrimoniales cuantificado en Bs. 130.000 por conceptos de pagos indebidos relativos a sueldos, primas, bonos, aguinaldos y retroactivos cobrados hasta el 19 de julio de 2007, fecha en la que presuntamente se incorporó a sus labores como docente.

El otro asunto del cual también se acusó al conocido “gordo”, tiene que ver por su participación en votar en un Consejo Universitario de hace 11 años para la compra de tres  vehículos usados marca Taurus por un monto de 41,2 millones de los viejos bolívares directamente a la ensambladora para las autoridades universitarias sin licitación alguna, por esta acción la Contraloría General de la República  ya  había declarado anteriormente una sanción administrativa mediante Resolución de fecha 18 de abril  de 2006 a Ferreira con la suspensión, sin goce de sueldo del ejercicio de cualquier cargo público que pudiera estar desempeñando por un periodo de 6 meses, algo que todo el mundo sabe que el gordo no acató, porque en ese entonces siguió desempeñando funciones como Decano de la FACES, por lo que al llegar el caso de la jubilación simulada de la profesora antes señalada era “reincidencia” por parte del actual Vice-rector, pero la cuestión era que la gaceta no aparecía la fecha en la cual comenzaba la inhabilitación, esta se conocería más tarde siendo la misma  entre el 05-10-2011 hasta  05-10-2016.

Sin embargo, para el momento de la medida si existe un oficio con fecha 23 de noviembre del pasado año  emanado por la Contraloría General de la República, firmada por la funcionaria Carmen González Mata, Directora General de Procedimientos Especiales, dirigida a la actual Rectora de la UC, Jessy Divo de Romero, en donde se ordena por una parte  que  “en un plazo perentorio procediera ejecutar la medida inhabilitación  impuesta al ciudadano Ferreira”, la cual incluye “la ruptura o disolución del vinculo laboral que pueda existir para el momento en que se solicita su ejecución”, y por la otra, la “imposibilidad total de desempeñar otro destino público durante el periodo  que dure la inhabilitación”. De la misma forma González Mata insta a la Rectora Romero a que proceda de manera “inmediata  a la destitución y al pago de los pasivos derivados de la relación laboral” que sin duda el susodicho recibirá en bonos.  Ahora ciertamente la Rectora Jessy Divo no tendría potestad para la destitución de José Ángel Ferreira ya que éste ganó dicho cargo como Vice-rector en unas elecciones del claustro universitario,  aquí quien se debería pronunciar para ver si se acata la medida o no, sería el Consejo Universitario en pleno que como sabemos representa la máxima autoridad en una universidad, pero Jessy aún no ha hecho tal cosa, es decir no ha pasado para nada la discusión al Consejo Universitario muy a pesar de que el oficio como se observa esta dirigido a ella y “demás miembro del Consejo Universitario”, por lo que la Rectora Romero oculta a dicho Consejo el dictamen  de González Mata de la CGR, así como también ha ocultado el oficio que llegó a su despacho en los  primeros días de junio de los corrientes  que lo que hace es ratificar todo lo anterior, ¿hasta cuando la Rectora va a ocultar la decisión de la CGR?   




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