En la Ley de Arrendamientos de Viviendas se estipularon tres tipos de depreciaciones para bajar hasta donde sea posible el valor actual del inmueble, la normal, la sísmica y la geográfica

              Finalmente llegó la Ley de para la Regulación y Control de los Arrendamientos de Viviendas, ciertamente en esta materia era mucho el abuso cometido por parte de los arrendadores  a través de sus alquileres exorbitantes y en moneda extranjera, así como de  prohibir alquiler a parejas con niños o adolescentes, todo lo cual producía una completa degradación en el mercado inmobiliario que ahora viene a ser subsanado por unos socialistas trasnochados que más que solucionar el problema, lo que vienen es a complicar aún más las cosas, algo similar a esto ocurre hoy en día en la universidades autónomas del país que explica muy bien el doctor Frank López en su último libro “Los Extravíos de la Academia  y la Reforma de los Bárbaros” que recomendamos ampliamente, veamos esta vez que hicieron los bárbaros con el mercado inmobiliario.

El artículo 78 fue uno de los más polémico de todos, en él se estableció el canon de arrendamiento entre 3 al  5 por ciento del valor del inmueble, sobre el particular el artículo 23  del Reglamento de la ley estipula que será de 3% para aquellos arrendadores que tengan más de una vivienda y de 5% para aquellos que solo alquilen una. En este mismo sentido, el artículo 24 del Reglamento señala que para el canon de arrendamiento será  aplicando  la  siguiente  fórmula: CA = (VI/12) x %RA, donde CA= Canon de Arrendamiento; VI = Valor del Inmueble y %RA = porcentaje de Rentabilidad Anual, por lo que si quiere ahora alquilar un apartamento valorado en Bs. 500.000, la Superintendencia de Viviendas establecerá  un alquiler mensual de Bs. 1.250 (500.000/12) x 0,03, en  caso de que el dueño tuviera más de una vivienda para alquilar. Pero, ¿quién coloca el valor del inmueble?, el artículo 73 de la ley es claro en esa materia, el gobierno revolucionario a través de la Superintendencia  Nacional  de  Arrendamientos  de  Viviendas quien tomará en cuenta el valor de reposición, las dimensiones del inmueble, su depreciación, la vulnerabilidad sísmica y la región geográfica en que ésta se encuentre, y ¿de qué manera lo hará?, a través de una fórmula que esta expresada en el artículo 18 del Reglamento de la ley la cual es: VAI (Valor Actual del Inmueble) =  VR x (1 - K/100) x Vs x Vg, donde  VR = Valor de Reposición del costo del inmueble;  K =  Porcentaje  de  Depreciación ; Vs = Coeficiente de Vulnerabilidad Sísmica y Vg Variación geográfica. 

En este orden, el  artículo 19 del Reglamento nos indica la fórmula para calcular el VR (Valor de Reposición) del inmueble, la cual se señala como VR = VCA x MCI, donde VCA =  Valor de Costo Actual del metro cuadrado de la construcción según tipología constructiva del inmueble impuesto por la Superintendencia de Vivienda y MCI = total de metros cuadrados del inmueble. Así las cosas,  un apartamento de 260 mts²  ubicado en una región cuyo metro cuadrado estuviera en Bs. 3.000 tendría un valor de Bs.780.000 (260 mts²  x 3.000), por lo que es este el Valor de Reposición que colocamos en la primera fórmula para obtener el Valor Actual del Inmueble sobre el cual sacaremos el porcentaje de canon de arrendamiento. Ahora viene K, que es el porcentaje de depreciación, pero ¿de dónde se saca esto?, de una tabla expuesta en el artículo 21 del Reglamento de la ley elaborada por la gente de la Comisión de Administración y Servicios de la AN, parte de ella hoy la presentamos para que se tenga una idea de la misma. Así por ejemplo tenemos, que si en nuestro anterior  apartamento a alquilar tiene 30 años y está en buenas condiciones, según la tabla, K  sería  de 21,53, que significa el porcentaje de depreciación que tiene el  inmueble, pero no suficiente con eso los bárbaros  colocaron ¡dos depreciaciones más!, que denominaron Vulnerabilidad Sísmica (Vs) y Variación Geográfica (Vg) que mencionamos anteriormente.  La primera se refiere a un valor asociado a la edad de la construcción y a la norma de diseño (sísmoresistente) utilizada, lo cual influye en el comportamiento de la estructura ante una eventualidad sísmica, la cual está reflejada por un valores de escala contentivos en el artículo 22 del Reglamento, mientras que la geográfica la asocian a la variación del valor del inmueble por la localización en una región determinada, también expresado en un escala en el artículo 24 ejusdem.

De esta forma nuestro inmueble que tenemos en buenas condiciones desde hace 30 años con un valor de reposición de Bs. 780.000, con una depreciación de 21,53, construido entre 1967 y 1983 que le otorga una vulnerabilidad sísmica de 0,9, y ubicado en el Estado Carabobo donde le corresponde  una variación geográfica de 0,79, tiene un valor actual según la Superintendencia de Viviendas  de ¡Bs. 435.178!, derivado de sustituir en VAI = VR x (1 - K/100) x Vs x Vg, los valores respectivos: 780.000 x (1-21,53/100) x 0,9 x 0,79 , y sobre este valor de Bs. 435.178 se calculará el canon de arrendamiento a través de la fórmula (VI/12) x %RA, de donde saldría un canon de arrendamiento de Bs. 1.813 (435.178/12 x 0,05), es decir, de 5% del valor actual del inmueble  en  caso que tuviéramos solo una vivienda para alquilar y de Bs. 1.087 (435.178/12 x 0,03) si estuviéramos arrendando varias. Con esto vemos la razón principal por la cual los revolucionarios diputados  colocaron dos depreciaciones adicionales, porque no veían justo que alguien pagara por el alquiler de un apartamento viejo de 30 años en el Estado Carabobo un canon por más de  Bs. 2.550 derivado de 780.000 x (1-21,53/100) que es igual a 612.066, y de donde, 612.066/12 x 0,05 origina el canon mensual comentando,  sobre todo cuando el salario mínimo está muy por debajo de esa cifra, por lo tanto la solución de los bárbaros fue colocar dos depreciaciones al inmueble. Aquí es menester señalar, que estas depreciaciones “sísmicas o geográficas” no estaban por ningún lado en el proyecto original de la ley, y al darse cuenta que le cosa no cuadraba por ningún lado  hicieron ese invento de tales depreciaciones, todo lo cual afectará con creces el valor de casas y apartamentos donde  lo más seguro se aplique ahora para todo aquel que quiera vender.     

Ser candidato presidencial cuesta mucha plata en la MUD

Llegó la hora de ser presidente y de bajarse de la mula, de 9 que estaban en el cronograma se inscribieron 6 que la final se convirtieron en 5.  El primero de ellos fue Leopoldo López, el ahijado de Cisneros, allí plata es la que sobra; la segunda que se inscribió fue “llamen a  María”, las malas lenguas dicen que se mueve por el país en su propio jet privado, aunque MCM el día de mañana tendrá que buscar el culpable que le metió en la cabeza la idea presidencial y le hizo perder esos reales, aunque salió muy bien parada en el recién debate que se hizo en la UCAB. Luego se inscribió el heredero del circuito Radonski, aquellos  que tenían todo el monopolio de las películas venezolanas en el país, Pablo Pérez que había suspendido su inscripción por una reunión en Panamá con Rosales y Ramos Allup para recibir las últimas instrucciones también lo hizo, cerrando con muy bajo perfil  Diego Arria a quien todo mundo recuerda por la muerte de Renny Ottolina, que tendrá plata, pero no votos, y mi amigo Pablo Medina, cuya postulación fue rechazada por falta de real y de las firmas solicitadas, y quien en vez de demandar a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), salió fue a demandar  al CNE por “violar los derechos a la participación protagónica, a la igualdad y  a la tutela judicial efectiva”. Pero, ¿cuánto pagó cada uno de los 5 candidatos para poder participar en la primarias y salir a fajarse con Chávez?, veamos esa cuenta. Según informaciones de la MUD la utilización de cada una de las 7.000 mesas tiene un costo de 40 Unidades Tributarias (UT), por lo que cada una de ellas costará Bs. 3.040 (40 x UT de Bs. 76), y si tenemos 7.000, entonces estamos hablando de un costo aproximado  de Bs. 21.280.000. Aquí los partidos políticos financiaran el 55% de ese total correspondiente al alquiler de las máquinas, en tanto, que los candidatos pagaran  el 45% restante que tiene que ver con los gastos de logística,  movilización de los miembros de mesas, traslado de cotillones electorales, etc. Esto indica que entre todos los aspirantes (presidencia, gobernaciones y alcaldías) deberán desembolsar Bs. 9.576.000, pero los presidenciales  deben sufragar el 50% de dicho monto lo que equivale  a Bs. 4.788.000. De esta manera  si se mantienen los 5 aspirantes (López, Machado, Capriles, Pérez y Arria)  cada uno deberá pagar ¡Bs. 957 millones de los viejos bolívares1, aunque para salvaguardar cualquier cosa, se les pidió por cabeza un depósito de Bs. 1.100 millones en cheque de gerencia con un fiador, que todos cumplieron a excepción de Medina que aún pelea esta atrocidad en el TSJ. 

De esto solo diremos que la Mesa de Ultra Derecha como la llama Chávez, una vez más haciendo las cosas al revés, porque se pudo hacer dos cosas, por un lado proponer la elección manual que siempre se descartó por la “coñiza” que esto pudo representar, y por el otro, hacer el llamado a la sociedad civil para que ésta colaborara en el asunto, pero la MUD la obvió por completo, dejando como siempre a la sociedad civil fuera de esta participación. Es ahora cuando inventaron una rifa para ayudar a los precandidatos a financiar su inscripción, con la venta de un millón de bonos a 20 bolívares cada uno, de los cuales se le entregará a los candidatos presidenciales 150.000, pero por la plata sigue bailando  el mono, toda vez que será muy difícil comprarle alguien una rifa, cuando éste ya ha desembolsado  ¡1.100 millones de  bolívares fuertes!, o escuche por ejemplo lo que dijo  Arria de que la plata “la había sacado de su propio peculio”, o escuche el motor del jet de la Machado,  o lo que dijo Armando Briquet, jefe de campaña de Capriles Radonski, “el gobernador de Miranda dispone del monto”, ¡por supuesto flacus, por supuesto!. 

Para el tercer trimestre 2011 Cadivi lleva “coleao” al Banco Central en casi US$ 1.000 millones

                   Hasta el tercer trimestre de este año la Comisión de Administración de Divisas llevaba autorizaciones de divisas por US$ 22.866 millones, derivadas de más de 180 mil solicitudes a un promedio de US$ 127,7 millones diarios, mientras que la Bodega Central de Venezuela había liquidado para el mismo periodo US$ 21.906 millones, a un ritmo promedio de US$ 122,4 millones, todo lo cual significa que la Comisión lleva “colea” a la Bodega en casi US$ 1.000 millones, que es la diferencia entre lo autorizado y lo liquidado hasta el tercer lapso del año en curso. Sobre este punto el sector que está más atrasado en cuanto a esta relación  es el de las importaciones ordinarias, toda vez que el primero ha ordenado una autorización de  US$ 14.764 millones en contraste con los US$ 13.985 millones que ha liquidado la BCV, lo que origina una diferencia de  casi US$ 800 millones.

Sectores	CADIVI	CADIVI	BCV
	III-2010	III-2011	III-2011
Importaciones	15.002,5	14.764,1	13.985,3
ALADI	3.068,9	3.715,2	3.715,2
SUCRE		228,1	119,8
Tarjetas de Crédito	850,1	1.367,4	1.395,4
Líneas Aéreas	961,1	940,8	918,3
Remesas a Familiares	537,8	559,3	543,5
Inversión Extranjera	28,8	106,7	92
Efectivo para Viajes	264,3	303,59	294,2
Estudiantes	283,1	393,3	368,7
Deuda Ext. Privada	13,7	17,01	18,2
Seguros y Reaseguros	64,6	45,4	47,2
Consulados y Embaj.	43,7	49,0	49,0
Casos Especiales	106,9	177,7	175,8
Telecomunicaciones	46,8	150,49	131,0
Jubilados	48,5	47,4	48
Servicios	1,5	1,0	4,5
Total Divisas	21.322,4	22.866,5	21.906,3
www.cadivi.gov.ve

           

                 

              En lo que respecta a las autorizaciones dadas por Cadivi en comparación al mismo lapso del pasado año, tenemos que las propias importaciones ordinarias sufrieron un bajón de US$ 238 millones, ya que hasta el tercer trimestre 2010 la Comisión había aprobado US$ 15.002 millones y para el mismo periodo de 2011 se habían autorizados US$ 14.764 millones. El rublo de los dólares que tanto necesitan las líneas aéreas para modernizar sus aviones, también sufrió una reducción de más de US$ 20 millones, puesto que para el lapso estudiado de 2011, Cadivi había autorizado US$ 941 millones en contraste a los US$ 961 millones permisados hasta el tercer trimestre del pasado año. En lo referente a las divisas para la repatriación de capitales de la inversión extranjera, todo debemos recordar que para el primer trimestre de este  año Cadivi solo había autorizado divisas por menos de un millón de dólares, algo que representó en su oportunidad  el 0,012% del total aprobado de divisas, lo que provocó la intervención del vice-presidente “encapuchado” Jaua, anunciado en julio de este año una aprobación de US$ 100 millones para este sector. Lo cierto del caso es que efectivamente la Comisión para el segundo lapso del año aprobó US$ 90 millones, pero al trimestre siguiente sólo autorizó US$ 16 millones, algo que desestimula cualquier intento de inversión extranjera en el país, lo cual quiso solucionar Jaua.

Del otro lado las autorizaciones que ha aumentado para el tercer lapso de 2011 en comparación al 2010, se encuentran las importaciones que llegan vía Aladi que aumentaron en ese periodo en US$ 646 millones, lo destinado a las tarjetas de créditos al exterior que aumentaron para sorpresas de propios y extraños más de US$ 500 millones, a la vez que lo destinado a los pagos de deuda externa aumentaron un pelín en más de US$ 3 millones al comparar los lapsos estudiados entre el 2010 y el 2011. Aquí también resalta el hecho de que durante el segundo trimestre de este año Cadivi había aprobado para la deuda externa US$ 15 millones y solo menos de US$ 700 mil para el trimestre siguiente, todo lo cual demuestra que estos aumentos al igual que otros que se registran pueden ser ¡alegría de tísico!  

Gobierno desconoce la totalidad de los proyectos que hace vía endeudamiento ya que el Ministerio de Planificación y Finanzas solo tiene una mínima idea de las obras que se ejecutan así como de los desembolsos entregados

El desorden de los proyectos que se hacen vía endeudamiento es no menos que infinito, desconociendo el gobierno la totalidad de éstos,  los tramos de recursos que se entregan,   existiendo por demás proyectos que parecen de la noche a la mañana que antes no estaban y algunos de lo que sí, desaparecen en el posterior  ejercicio económico.  

Así por ejemplo, en la ley de endeudamiento 2011 se estableció que la construcción  de la Línea 2,  El Tambor - San Antonio de los Altos del Metro de los Teques tiene un monto total de US$ 527,8 millones, de los cuales se habían desembolsados antes de ese año US$ 233,1 millones, por lo que aún falta por desembolsar US$ 304,7 millones, y allí está el detalle, ya que  no se establece cuanto de ese último monto iba a ingresar en el 2011. Para tal fin habría que esperar la ley de endeudamiento 2012 próxima a aprobar en la Asamblea Nacional, donde se sostiene que ahora el monto desembolsado llegará  a US$ 318,1 millones, lo que significa dos cosas. La primera de ellas, que lo desembolsado para este año fue de US$ 95 millones (diferencia  entre 318,1 y 223,1) faltando un finiquito de US$ 209,6 millones para completar los US$ 527,8 millones del costo total de la obra, y la segunda,  tal como ocurrió el pasado año no sabremos lo que va a entrar el año que viene para esta obra, sino hasta la ley de endeudamiento 2013.

El anterior desorden  ocurre   con mucha frecuencia en los proyectos que tiene que financiar por endeudamiento el ministerio de planificación y finanzas, pero también ocurre en planes que no aparecían en el 2011 que  se muestran de la noche a la mañana como genios de botella para el 2012. Es el caso por ejemplo, de  unas “operaciones operativas” por un monto de US$ 104 millones cuyo acreedor es la Corporación Andina de Fomento, llevadas a cabo por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones que acaban de dividir, allí aparece para el año que viene que el monto desembolsado ya ha sido de US$ 13,6 millones, cuando tales operaciones no estaban reflejadas  en la ley de endeudamiento de este año. Del mismo modo aparece para el 2012 la Segunda Fase del Programa de Apoyo al Centro de Acción Social por la Música por un monto total de US$ 150 millones con un desembolso de US$  18,5 millones cuando brillaba completamente por su ausencia para este año. 

Lo otro que está ocurriendo es que los desembolsos de los acreedores son en realidad muy poco. En este caso, tenemos que la Modernización del SENIAT III que también se hace por un monto total de endeudamiento de US$ 18,5 millones con un desembolso de 6,3 millones para el 2011, aparece ahora para el 2012 con un desembolso de 7,1 millones lo que significa que en un año para esta importante misión solo se bajaron US$ 800 mil. En este sentido más tétrico aún, es el proyecto de Zonas Semiáridas de los Estados Lara y Falcón, segunda fase (PROSALAFA II) que lleva adelante el Ministerio de Agricultura y Tierras por un costo de US$ 12 millones, de los cuales se han desembolsado US$ 9,3 millones, allí no hay diferencia alguna entre los desembolsado entre el 2011 y el 2012, es decir, para el último año no se recibió por ese proyecto ni medio.

En cuanto a la parte militar la ley de endeudamiento 2011 contemplaba dos proyectos llevados a cabo por el Ministerio de Defensa, uno referido al  Mantenimiento Mayor de Unidades Operativas de la Armada por un costo de US$ 16,2 millones, de los cuales se habían desembolsado US$ 4,9 millones, que ahora para el cuadro de la ley de endeudamiento 2012 aparecen con un desembolso del 100%, lo que da a entender que en el pasado año se cumplió con el programa de desembolso, sin embargo la parte que no entiende, es ¿por qué finanzas lo señala para el endeudamiento 2012?. El otro proyecto de Defensa  que aparece en el 2011 tiene que ver con una Inversión Militar en Aviación por US$ 15,7 millones contratado con la Societe Generale de Francia con un desembolso de US$ 12,7 millones, pero este proyecto a la velocidad de la luz no aparece en la ley de endeudamiento 2012.

Por su parte en lo referente al sistema eléctrico, si bien es cierto en la ley de endeudamiento de 2011 aparecen los préstamos otorgados a la Presa Manuel Piar por 600 y 800 millones de dólares contratados por la CAF y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) respectivamente, en donde se muestran sus avances en la ley de 2012, al mismo tiempo la ley por aprobarse muestra otro préstamo de casi US$ 600 millones contratados por la CAF, cuyo desembolsos han llegado a US$ 100 millones, pero que no aparecían por ningún lado en la ley de endeudamiento de 2011. Con todo y esto, si el asiduo lector quedó algo  confundido con este articulo, no se debe angustiar, porque para nosotros mismos se ha hecho muy difícil escribirlo, por el contrario lo que si les aseguramos, es que están menos enredados que los funcionarios gubernamentales que llevan a cabo tales proyectos por vía del endeudamiento público.     

Estamos a menos de semana y media en que entre en vigencia la nueva ley de Costos y Precios Justos y se desconoce por completo las normas para el Registro Nacional al que tienen que suscribirse los productores, así como el propio reglamento de funcionamiento de la Superintendencia encargada de la ejecución de la Ley que no tiene ni sede, ni empleados

          Como todos sabemos la nueva Ley de Costos  y Precios Injustos decretada vía habilitante entraría en vigencia 90 días hábiles después de su publicación en gaceta oficial, algo que ocurrió  el pasado 18 de julio, por lo que a más tardar para el 22 de noviembre de este año debe comenzar su aplicación, pero allí en este periodo solo se nombró el pasado 11 de septiembre  como Superintendente de la ley a una tal Karlin Granadillo Ramírez, quien últimamente ha brillado completamente por su ausencia. De esta forma esta es la fecha, es decir, a menos de una semana y media que entre en vigencia la ley, en que se desconocen  las normas  mediante las cuales se establezca el régimen  del Registro Nacional  de Precios de Bienes y Servicio los cuales tiene  que hacer Raymundo y todo el mundo, de la misma manera en que el reglamento interno de la Superintendencia Nacional  de Costos y Precios tampoco existe, a pocos días de entrar en vigencia esta nueva Ley.

Por otra parte ésta recién creada Superintendencia que no tiene sede ni empleados, ni estructura organizativa, tampoco ha establecido la “categorización” de los bienes y servicios sujetos a la ley, es decir, que aún no ha establecido los distintos regímenes para los bienes que se produzcan en el país o el de los servicios que se utilicen. Del mismo modo, aún no se ha hecho referencia para el cumplimiento del ordinal 1 del artículo 17 de la ley, el cual está referido a la manera de cómo los productores de bienes y servicios deben llevar a la Superintendencia sus costos directos, indirectos, gastos generales, de administración, de distribución y venta, así como de los riegos asumidos, y por si fuera poco, hasta la fecha también se desconoce la fórmula cuántica que aplicará la Superintendencia para establecer según los costos estudiados  los precios “justos”, por lo que todo parece indicar que  la fijación de precios máximos de venta al público de bienes y servicios o rangos de precios a establecer, no estarán para los dos últimos meses del año.

Ahora  bien, todo este desorden traerá como consecuencia a no ser que se establezca para la semana que viene una prórroga para la entrada en vigencia de la ley por parte del propio presidente de la República, un abuso por parte de los órganos del Estado que tienen que ver con ella  como Indepabis, Cadivi, Seniat, BCV, Ministerio Público, así como también la Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana, puesto que la ley entrando en vigencia a partir del 22 de noviembre le da potestad a estos órganos para que de manera represiva realicen, inspección, fiscalización, decomiso,  suspensión de licencias,  cierre o ocupación temporal de los establecimientos y hasta de la expropiación, simplemente porque entra en vigencia la ley, es decir, reinará pues el chantaje y la matraca.